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 Consultoría

Las 8 claves de EY para mejorar la gestión del Gobierno Corporativo

27-11-2017



EY ha elaborado un documento que recoge ocho claves a tener en cuenta en la gestión del Gobierno Corporativo, para contribuir a mejorar la situación de las empresas españolas en este ámbito.

“La reforma de la Ley de Sociedades de Capital en materia de Gobierno Corporativo, así como la aprobación del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas han supuesto una modificación en el marco de la gobernanza empresarial. Ahora las compañías deberán incorporarlo materialmente en todo el conjunto de la organización”, explica Lourdes Centeno, socia responsable de Gobierno Corporativo y Derecho Societario de EY.

Las ocho claves para gestionar el Gobierno Corporativo

  1. Analizar el posicionamiento en Gobierno Corporativo: Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en materia de Gobierno Corporativo es fundamental porque contribuye a identificar las áreas de mejora que redundarán en un incremento de la capacidad de dar valor y sostenibilidad a la actividad de la compañía. Es garantía de resultados, transparencia y seguridad jurídica, y sirve como criterio de valoración para la comunidad financiera.
  2. Medir la efectividad de los sistemas de control interno de la organización: Un modelo operativo de control interno eficaz debe estar alineado con las principales normas y estándares de actuación en materia de cumplimiento normativo y control basado en tres pilares básicos: prevenir, detectar y responder.
  3. Mejorar el reporting corporativo: Existe una tendencia creciente en las organizaciones a tener cada vez más en cuenta la información no financiera por el alto valor añadido que aporta a la hora de tomar decisiones e invertir. Con el fin de que el reporting corporativo sea más ágil, debe producirse una inversión en big data, cloud computing y herramientas de visualización de datos.
  4. Actuación diligente: la mayor seguridad y protección del consejero: Los consejeros deberán extremar su diligencia en recabar la información adecuada y necesaria en la toma de decisiones, siendo recomendable implantar programas y procedimientos de actuación que les aporten seguridad y protocolos que permitan dejar constancia de cuál ha sido el proceso seguido en la toma de dichas decisiones.
  5. Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Consejo: Resulta conveniente evaluar de forma periódica -anualmente- el funcionamiento del Consejo de Administración y sobre la base del resultado elaborar un plan de acción con el fin de corregir las posibles deficiencias detectadas. Este análisis puede consistir en una autoevaluación de los propios consejeros o recurrir a expertos externos independientes.
  6. Definir una política de retribución adecuada de consejeros y directivos: Los estándares de Buen Gobierno determinan que es necesario y/o recomendable aprobar el Informe Anual de Remuneraciones y Consejeros (IARC) con un alto grado de consenso. Cuando el apoyo es inferior al 90%, podría iniciarse una reflexión sobre la necesidad de revisar las políticas de retribución. La figura del proxy advisor y sus recomendaciones de voto, a veces negativas, puede suscitar tendencias y necesidades de modificar comportamientos en las empresas.
  7. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de Gobierno Corporativo en materia fiscal: Ante el posible daño reputacional que la controversia tributaria puede ocasionar en las empresas, el Consejo debe decidir una estrategia fiscal que responda a los requerimientos de información por parte de las autoridades. También que siga las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el tratamiento de los beneficios transfronterizos.
  8. Apoyar la creación de estándares internacionales de Gobierno Corporativo: El alto grado de diversificación de las empresas españolas hace necesario la estandarización de las normas en materia de Gobierno Corporativo con el fin de mejorar la eficiencia, estimular y facilitar las inversiones en el extranjero y no redundar en pérdidas de recursos. La OCDE recomienda que los gobiernos de los países desarrollados pacten normativas comunes en este ámbito, cambios regulatorios que deberían ser consensuados con el sector privado en la búsqueda de la mayor eficiencia posible.

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